Sergio Roldán Blog
Crear Estrategias Colectivas
De la ley de Justicia y Paz a la Ley de Reparación a Víctimas

La exposición que voy a ofrecerles aborda de manera superficial diversas problemáticas que se presentan en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia diseñados para el proceso de paz con los grupos paramilitares y la garantía de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas y la sociedad. Hablaré en primer lugar de la justicia, luego haré referencia a la reparación colectiva para detenerme en el componente de verdad y memoria histórica como mecanismo de reconocimiento y dignificación en un proceso de recuperación sicosocial y de reparación simbólica; finalmente resaltaré el componente de atención a las víctimas.

La palabra clave de esta exposición es participación. Quizá este es el punto en el cual convergen estos tres bloques de temas que les voy a proponer.

En primer lugar, debemos entender que la verdad y la justicia en sí mismas conllevan una reparación, en tal sentido, el proceso judicial y sus formas implican una reparación o, por el contrario, puede implicar una revictimización. El cuidado que los actores judiciales, investigadores y jueces den al proceso en clave de atención y reconocimiento de la dignidad de las víctimas marca una diferencia en un esquema reparativo, o puede marcar definitivamente un nuevo daño.

Hace casi una década se instaló en Colombia un proceso acusatorio, oral y público contrario al proceso escritural, cerrado, oscuro, sin participación de la sociedad, en el marco de una justicia retributiva, centrada en la pena e indiferente a la víctima. El proceso del sistema acusatorio oral, implica una justicia restaurativa, donde no solamente participa y tiene una relevancia importante la víctima, sino que igualmente la sociedad en su conjunto reconoce el valor de la justicia como uno de los espacios democráticos de resolución de conflictos.

Este sistema ha traído la necesidad de transitar un cambio cultural que todavía no se ha consolidado, pero empieza a mostrar un mensaje a la sociedad de cuáles son esas formas del proceso y cómo el proceso comienza enseñar la gestión de la justicia en una democracia participativa.

Cómo comportarse con la víctima en un proceso judicial, por ejemplo en el escenario de la investigación, en tal sentido, hablar del derecho a la información que tiene la víctima, en el acceso al expediente de investigación.

Lo tradicional es que la Fiscalía considere un criterio de reserva del expediente, es decir, de límites a la participación, en ese derecho de acceder a la información sobre el desarrollo de la función investigativa. Encontramos en las consultas sociales desarrolladas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, reclamos muy claros de las víctimas que dan cuenta de que no son escuchadas ni atendidas, y que en muchos casos se les invoca la reserva del expediente judicial.

La ley de Justicia y Paz establece la obligación de la fiscalía de investigar tanto los daños individuales como los daños colectivos. Anteriormente, el fiscal se centraba en la indagación de la responsabilidad penal y rara vez se ocupaba del tema de la responsabilidad civil, o quizá su enfoque era muy precario en tanto no tenía un mandato expreso de establecer un diálogo con las víctimas para el recaudo de las pruebas que indicaran el daño.

La ley de Justicia y Paz -así como la ley que implementa el sistema acusatorio-, reitera esta obligación de indagar daños individuales y colectivos, lo cual significa entrar en contacto con la víctima, indagar y preguntar a ella cuál es el daño que se le ha ocasionado. Oír la voz de la víctima.

Y esto tiene una incidencia en la calidad, apoyo y orientación de la consecución de las pruebas; los abogados litigantes encontramos dificultades para recabar pruebas por la ausencia de un sistema de atención que administre el dialogo entre Fiscalía y denunciantes. Sin duda alguna, es obligación de la Fiscalía recabar el daño individual y colectivo, labor que implica para el ente acusador, la obligación de acompañar a la víctima para la documentación de su caso.

En el mismo sentido, en el ejercicio del derecho a conocer la versión libre, el rol de la víctima es pasivo, en ocasiones tiene la oportunidad de proporcionar algún aporte para que el fiscal indague detalles y materias que están siendo expuestos por la persona que se somete a la justicia (recordemos que dicho sometimiento significa de alguna manera una renuncia a la presunción de inocencia). En la versión libre el procesado confiesa unos crímenes; ya no debe investigarse tanto el hecho, porque el victimario concurre a contar su versión, como los efectos que apareja en las dimensiones individual y colectiva de la víctima, de manera que el esquema del proceso de Justicia y Paz también implica un cambio en las estructuras usuales que los fiscales y jueces desarrollan en el proceso acusatorio –que es un proceso de adversarios en igualdad de condiciones- y esa versión libre implica la necesidad de que la víctima la presencie y la escuche.

En Colombia existe una gran dificultad geográfica; tenemos un territorio extenso con tres cordilleras que nos separan de las distintas regiones; treinta y tres departamentos, y apenas se ha provisto tres tribunales de justicia y paz, distantes doce, trece, catorce horas, del lugar donde se encuentran las víctimas.

Allí hay una gran dificultad para realizar ese derecho de presenciar la versión libre, y la ley de Justicia y Paz, habilita a los fiscales, a crear o apelar a instrumentos técnicos de comunicación  vía satélite, que les permitan reunir a las víctimas en su lugar de origen para que puedan presenciar con la posibilidad de comunicarse con el fiscal, la versión libre que esta contando el procesado.

La presencia de la víctima en la versión libre es importante, porque la víctima también tiene derecho a orientar el programa metodológico y de investigación que trace el fiscal, si bien no va a conocerlo en su integralidad para evitar la contaminación de muchas evidencias que podrían ingresar de una manera más fluida al proceso y ser controvertidas en la etapa de imputación de los hechos delictivos, si debe tener pleno conocimiento de los principales elementos que debe perseguir en su participación en el proceso de verdad, justicia y reparación.

Es muy importante que las víctimas al conocer la versión libre puedan tener una capacidad de incidencia en ese diseño de programa metodológico y así participar del impulso del proceso de manera efectiva.

Uno de los obstáculos para la participación de las víctimas es el temor que todavía impera en las zonas donde operaron los grupos paramilitares; en efecto, las víctimas han manifestado temor, mucho miedo de acercarse a un proceso judicial, hablamos de un número, bastante grande de víctimas, hasta ahora trescientas mil que han denunciado, sin contar la cifra de 4 millones de desplazados por el conflicto, que jamás han tenido acceso a la justicia. Nunca se han acercado a un juez, tienen una idea y una percepción de la justicia muy lejanas, que les causan muchos temores.

Y, por otro lado, existen en algunas regiones del país el temor de una infiltración de los grupos paramilitares o de guerrillas dentro de las instituciones que son parte de la investigación o del control.

Si bien es imposible predicar un programa universal de protección de víctimas y testigos en un contexto de violaciones masivas como el que persiste en Colombia, porque por razones presupuestales, será imposible exigir semejante cobertura, por lo menos es importante que la Fiscalía implemente programas o protocolos de alta protección que orienten a las víctimas de manera colectiva en las precauciones y en las prevenciones que deben tener a la hora de acercarse a un proceso de esta naturaleza.

Otro de los temas que puede ser un obstáculo para la participación en el proceso, es la ausencia de una representación técnica judicial que brinde en forma gratuita el Estado. La ley de Justicia y Paz estableció que las víctimas podían acudir directamente al proceso judicial, pero eso francamente es una ilusión, en la medida en que si bien es un proceso voluntarista en la que el victimario dice que va a colaborar con la justicia, el perfil de las víctimas sobrevivientes en Colombia, son mujeres, viudas, campesinas con un nivel de escolaridad muy bajo y con la carga de ser cabezas de sus familias y la imposibilidad de gestionar con éxito todas las dimensiones de una reparación integral (restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición). En un ambiente en el que el victimario implementa estrategias de proceso adversarial, en el cual va a procurar resistir las pruebas y las evidencias de la víctima y del propio fiscal, pretender que ellas actúen solas y sin una representación judicial es una ilusión y un obstáculo a su aspiración de verdad, justicia y reparación.

Que la víctima se enfrente sola a unos bufetes poderosos de abogados, de personas que son poderosas, es verdaderamente predicar una desigualdad procesal en el proceso.

Por fortuna después del fallo de la Corte Constitucional que revisó la constitucionalidad de la ley de Justicia y Paz se aclaró la competencia de la Defensoría del Pueblo como órgano del Estado asignado para brindar un servicio de defensoría pública para la defensa de los derechos de las víctimas en el proceso.

Otro tema importante es la publicidad de los juicios. La ley de justicia y paz tiene un mandato muy claro en que los juicios son públicos, ese es el principio general y hay una excepción que es en protección de las víctimas y los testigos.

Esa excepción debe ser muy cuidadosa, porque recordemos que la justicia, y la forma como se produzca el juicio tienen un valor simbólico que envía un mensaje significativo al resto de la sociedad: la lucha contra la impunidad y la efectividad de la justicia como principal garantía de no repetición.

De manera que el criterio general aconseja por protección no enfocar a la víctima en una cámara, sí podría permitir enfocar las partes procesales, a los representantes de las víctimas para que permita a la sociedad conocer cuál es el alcance de sus reclamaciones.

Otro de los puntos claves es la necesidad de que la Fiscalía implemente con seriedad y responsabilidad un cuerpo elite para desatar los testaferratos, el delito de testaferrato que hay sobre las tierras despojadas a la población, sobre todo a la población desplazada.

Las cifras oficiales dan cuenta de 600.000 familias desplazados que huyeron abandonando sus propiedades, es una de las crisis humanitarias más dramáticas que hay en el mundo y eso implica la necesidad de implementar cuerpos especiales de investigación para la restitución de tierras. Las cifras más tímidas dan cuenta de la apropiación ilegal de más de 4 millones de hectáreas. Ante dicha proporción, el legislador ha diseñado en el proyecto de ley de víctimas que se debate ahora en el Congreso, normas de justicia transicional que permiten invertir la carga de la prueba de la posesión y, en tal sentido, exigir a quién ostenta un título de propiedad en un territorio cuyo patrón sistemático fue el despojo de tierras, demostrar la legitimidad de tales títulos; la investigación judicial o la carga probatoria no puede desplazarse a la víctima, más aún cuando deben enfrentarse a una cadena de testaferros poderosos, relación que incrementa su inseguridad, como lo demuestra los asesinatos de 52 líderes que reclaman las tierras para sus legítimos propietarios.

La flexibilización probatoria que debe brindar el juez debe contrastarse con el rigor que debe tener en el control de las pruebas que le aporta el presunto victimario, es algo sobre lo cual existe un gran riesgo de corrupción, y que el Estado restituya una tierra a quien no fue víctima. La ley de Justicia y Paz manda expresamente a los jueces a tener en cuenta este criterio de flexibilización, considerando la vulnerabilidad de las personas que se acercan a sus procesos, carácter de justicia transicional que rompe el principio de igualdad entre las partes procesales.

Finalmente, abrir es necesario, en el proceso de implementación de la futura ley de víctimas y, mientras se organizan las instituciones que operarán el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, brindar un espacio en los juicios para las víctimas y sus comunidades; está es una forma, que el juez debe vigilar porque se constituye en una verdadera reparación simbólico donde los afectados reconocen el valor de la justicia, por eso es muy importante que se desarrollen simulacros de juicios previos a un juicio real que le permita a la judicatura detectar los elementos que promueven la participación de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.

Todavía no está muy clara la organización administrativa en torno a estas formas del juicio, el proyecto de ley de víctimas no lo contiene, más bien delega en la potestad reglamentaria del gobierno su configuración, aminorando el principio democrático de participación. Preocupa que soslayemos las formas pro víctima que debe tener un proceso de justicia transicional, que no es de ninguna manera un proceso de adversarios, sino, por el contrario, un proceso donde el procesado concurre a reconocer los daños, pide perdón y se arrepiente; y, finalmente, promete no repetir los hechos por los cuales se le condena.

Por último la necesidad de concatenar la responsabilidad individual con la responsabilidad en la reparación colectiva, la ley de Justicia y Paz nos proporciona varias señales.

En primer lugar el objetivo es recuperar la institucionalidad del Estado de derecho en aquellas comunidades afectadas por hechos de violencia sistemática; en segundo lugar, la reconstrucción del tejido social, para recuperar la confianza entre los miembros de la comunidad. Recordemos que los primeros en caer fueron los líderes políticos, a quienes se les prohibió participar en política, y después, organizar a su gente. Esta conducta delictiva por parte de uno u otro bando del conflicto, fracturó muchas relaciones sociales entre los mismos miembros de la comunidad, acusados los unos de pertenecer a un bando o al otro, a la guerrilla o a los paramilitares. Definivitamente, se quebró ese tejido social, el silencio, es el ambiente que ahora se respira en esas zonas donde el Estado pretende retornar a los ciudadanos desplazados. Uno de los propósitos fundamentales de la reparación colectiva, es intervenir en ese daño colectivo, y reconstruir todo lo que rompió el conflicto.

En este sentido, priorizar la recuperación psicosocial implica escenarios de diagnósticos psicosociales, que permitan al Estado responder en esos primeros acercamientos con los afectados, acertando en el destinatario de dicha prestación. Aquí es muy importante implementar cuanto antes el Registro Nacional de Víctimas, para conocer el universo de las víctimas en Colombia, diseñar sus perfiles en función de brindar una reparación integral y adecuada a sus necesidades y su proyecto de vida. Contar con programas de recuperación diferenciales, por poblaciones específicas.

Sin duda alguna, la reparación colectiva tiene que ser en consulta con las comunidades, y tiene que implicar no sólo un ejercicio democrático en el cual se re-aprende a debatir, sin temor a ser señalado o asesinado, sino también significa una actuación de las instituciones guiadas por un concepto de complementariedad de las prestaciones del Estado en la dimensión individual de la reparación. Esto sólo es posible con la herramienta de información y consulta que representa el Registro Nacional de Víctimas.

Es fundamental establecer una clara línea de distinción entre los programas sociales que usualmente implementa el Estado a poblaciones vulneradas por la pobreza, y los programas de reparación, los cuales buscan las formas de realizar el principio de restitución que orienta el consenso universal en un proceso de reparación de crímenes atroces.

Detrás de las obras que el Estado implemente, tiene que haber una clave de reparación, debe siempre incorporarse una estrategia simbólica que logre un alcance en el tiempo y que permita al símbolo que conmemora un hecho, producir un signo y un significado integrador de un relato. La obra pública cumple una doble función, además de prestar un servicio público que resuelve una necesidad colectiva, genera una obra cultural que se incrusta en el espacio público para que sea compartida por todos, y que pretende recordar lo que paso para que las futuras generaciones luchen porque no se vuelvan a repetir las atrocidades que se cometieron contra personas indefensas en nuestro territorio.

Esa obra cumple la función de representar, simbolizar, rememorar, preservar la memoria del olvido y ser un reconocimiento público por parte de los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tiene la potestad legal[1] de recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de medidas de satisfacción para las víctimas, que conduzcan a su reconocimiento y dignificación, que puedan expresar un homenaje, reconocimiento y/o conmemoración de su dolor y de los hechos y que permitan a la sociedad y las futuras generaciones conocerlos para que no se repitan, medidas todas que contribuyan a la reparación de las víctimas y además a recuperar la confianza y la reconciliación entre los colombianos.

 

Desde el punto de vista de la reparación simbólica, debe tenerse en cuenta que el principio general del proceso judicial es la publicidad; en la difusión de los juicios, – que debe ser garantizada por el poder judicial -, las víctimas y la sociedad tendrán la oportunidad efectiva de conocer la imputación de unos delitos y la formulación de unos cargos contra los desmovilizados y/o el bloque al que pertenecieron y contra sus testaferros y financiadores. En dichas audiencias públicas, la Fiscalía descubrirá los detalles de los patrones y el accionar delictivo y sistemático del desmovilizado o su bloque y los daños ocasionados a las víctimas y la sociedad; también se materializará a favor de ellas, el cumplimiento de la obligación que tienen los desmovilizados[2] de brindar un reconocimiento público de haber causado daños, una declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no volver a repetir los hechos por los cuales se les condena, actos que son posteriores a la aceptación de los cargos por parte del desmovilizado.

 

En este punto, desde la perspectiva de la reparación simbólica existen dos oportunidades procesales que ameritan una mayor divulgación (comunicabilidad) como parte de un Plan Nacional de Reparaciones: 1) el acto público de la aceptación de los cargos, medida de satisfacción que, acompañada de un programa de difusión en los canales públicos de comunicación, permitirán ilustrar a las víctimas, colectivos, comunidad y sociedad afectados, el desenlace de la actuación judicial del Estado en la imposición de una pena al perpetrador, la colaboración del desmovilizado y el conocimiento de la verdad judicial de lo ocurrido en un período irrepetible de la historia de Colombia; y 2) el incidente de reparación integral, en el cual la víctima tiene audiencia y puede expresar oralmente su reclamación por los daños ocasionados, así como presentar la petición de las formas de reparación que satisfacen su daño material y moral, en un acto público muy importante para el proceso de dignificación de la víctima y la sociedad, favorable a la reconciliación perseguida por la ley de Justicia y Paz.

 

La decisión judicial integra ese doble propósito: por una parte, es el reconocimiento oficial de verdad, justicia y reparación de la víctima y su dignificación como sujeto de derechos y deberes, desde una dimensión individual; por otra parte, desde una dimensión colectiva, es la fuente principal de los archivos judiciales y de la memoria histórica, bienes públicos cuya difusión permitirán el conocimiento de la actuación de la justicia proyectada en la sociedad como un espejo común en el que nos reconocemos todos. Este propósito indica la necesidad de abordar en la decisión judicial la dimensión colectiva de las pérdidas sufridas como consecuencia de los hechos de terror; en otras palabras, debe considerar no sólo la reparación simbólica individual, sino también, de cómo dichas individualidades tienen la virtualidad de narrar una historia común capaz de reconocer la dimensión colectiva del daño y su reparación: necesitamos saber para que no se repita. El efecto colectivo de la decisión judicial, su comunicabilidad, es un elemento de transformación cultural que debe incentivarse en el post conflicto que supone reintegración social de víctimas y victimarios.

 

En ese mismo sentido, la comunicabilidad de la decisión judicial en clave de reparación simbólica a la sociedad –con dimensión colectiva-, es mucho más eficaz si ella contiene decisiones encaminadas a conmemorar a las víctimas de manera periódica y colectiva, a ofrecerles homenajes y monumentos en reconocimiento y memoria de las víctimas de los grupos armados. La comunicabilidad de la decisión judicial en suma, es un proceso de conmemoración que permite el conocimiento de lo que paso y sus causas y se sostiene lentamente en el tiempo mediante narraciones musicales, literarias, visuales, documentales, etc. Razón que apoya la necesidad de complementar la verdad judicial con la producción cultural del relato social de las víctimas, a través de medios que permiten recordar y rememorar ese relato durante largos períodos de tiempo y comunicarlo a las futuras generaciones, es una forma de conocer la historia y de preservar la memoria.

En la dimensión de la reparación simbólica, la clave cultural es muy importante: identificar los hitos que compartió una comunidad antes de la violencia, es importante para restablecer ese tejido social destruido. En esa medida, apelar al arte y a la cultura como expresiones y narraciones estéticas que concitan una celebración, especialmente con la música (en un país musical como Colombia), sin dejar de lado el protagonismo del victimario en el relato, se concentra en el dolor de la víctima para proyectarse hacia la mirada de las futuras generaciones que deben observar en perspectiva histórica los hechos que se cernieron sobre una comunidad y evitar que se repitan

Como decía el presidente de la Comisión de Reparación y Reconciliación, Eduardo Pizarro, el reconocimiento de las víctimas supone saber lo que paso, por qué paso, quienes fueron los responsables y cómo procurar que no se repita; satisfacer dicha aspiración es dignificar a la víctima como sujeto de derechos. Promover su reinserción social es convertirlo en ciudadano pleno. En el mismo sentido, difundir la sentencia judicial y la condena a los responsables es brindarle a la sociedad el conocimiento de las causas y efectos del conflicto armado, y construir,[3] con el tiempo, una memoria compartida e integradora que evite el olvido social de hechos atroces y degradantes que jamás deben volver a repetirse en Colombia.

 

Que la nación abra un espacio para la difusión del relato de la víctima, significa abrir para ella un espacio democrático de participación que no tuvo en el momento de perder sus derechos; satisfacer la necesidad de reclamar justicia a los responsables, una oportunidad para dignificar moralmente la pérdida irreparable causada por la atrocidad. La fuente principal de la cual se nutre un Programa de Reparación Simbólica, es el relato de las víctimas, sus imaginarios y representaciones, los hitos que quisieran recordar y conmemorar. La consulta a la víctima, desde el punto de vista individual y colectivo, es un requisito para implementar desde el Estado el programa de reparación simbólica. Las iniciativas de las víctimas y sus organizaciones, así como las iniciativas de la sociedad civil para expresar su relato deberían multiplicarse y el Estado debería establecer programas para fomentarlas.

 

Durante el desarrollo del proceso judicial  y la construcción de la verdad judicial como narrativa oficial, se cumplen a cabalidad varios de los objetivos de la reparación simbólica ordenados en la ley: asegurar la preservación de la memoria histórica, lograr la aceptación pública de los hechos, lograr actos de perdón y arrepentimiento públicos, permitir el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

Finalmente, el tema de la atención a las víctimas. Para una víctima, la primera puerta que toca en el Estado puede significar un nuevo dolor, un nuevo daño, una nueva revictimizacion y de allí que el principio general de la atención debe ser el principio de no revictimización, lo cual  implica un cambio cultural en los servidores públicos y privados que participan en este proceso de recuperación sicosocial; significa una actitud de escucha responsable, considerada y sensible,  las víctimas vienen con la carga de una vulnerabilidad, no es fácil para ellas comunicar su dolor, su recuerdo, todo lo que les paso; probablemente no sea en un solo encuentro que el funcionario logre realizar el Registro Nacional de Víctimas.

Es el registro -que no es solamente una base de datos-, sino el camino y el tono para relacionarse con la víctima que espera una dignificación, en tal sentido,  no es una cifra, es el conocimiento que brinda al Estado para establecer, bajo un parámetro de política pública, las necesidades, por ejemplo, de suministrar prótesis de brazo derecho que se requieren para los discapacitados, el registro proporciona el universo de niños que hay en esas condiciones.

No es solo el alcance estadístico, sino que también tiene una suerte de significado democrático, en la medida en que es una consulta directa con los interesados. De allí que el tema sobre los funcionarios, el tema sobre la capacitación al funcionario, para que asimile el registro no como un instrumento, un formato que hay que llenar, sino que igualmente produzca un diálogo entre víctimas y Estado respetuoso de su dolor y capaz de acertar en el camino de la reparación integral.

Definitivamente, un cambio cultural que impone a los funcionarios la prestación para la recuperación psicosocial, porque este proceso de justicia y paz no puede ser un proceso en el cual el único objetivo sea entrar a un proceso judicial o el único objetivo sea una reparación colectiva. Hay un elemento de tensión y ritmo que requiere el Estado brindar a algunas comunidades. La clave de tensión que supone una negociación debe ser una clave de recuperación y rehabilitación, porque no puede ser satisfactorio para el Estado el resultado de girar un cheque o de hacer una obra y dejar resquebrajada moralmente a las víctimas dentro de ese escenario de encuentro con el Estado.

En tal sentido, es muy importante diseñar protocolos por tipologías de daño que permitan a las víctimas conocer las dimensiones de su padecimiento, el reconocimiento de las facetas de su dolor, pero a la vez, para el bien de la función pública responsable del proceso de Justicia y Paz en Colombia es muy importante construir protocolos por tipologías de delitos para que el fiscal, los jueces, en general los actores públicos, que están alrededor de dicha tensión, reconozcan la naturaleza del delito, no un delito ordinario, un delito que se enmarca dentro del derecho internacional humanitario como delito de lesa humanidad.

Igualmente, es necesario construir indicadores de gestión en las entidades que son críticas, en las entidades de bienestar familiar para la atención de niños, atención de mujeres, para emprender proyectos productivos, emprender posibilidades laborales, de manera que es muy importante que desde la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que tiene una función muy parecida a la que cumple la Defensoría del Pueblo, de evaluación, de monitoreo, de magistratura moral que concita cambios en las entidades del Estado, existan herramientas objetivas de medición que permitan mantener informada a toda la población sobre los avances y retrocesos naturales en un fenómeno de violencia tan complejo como el colombiano.

Finalmente, hay que señalar que este es un proceso que debe competer y estar anclado en el apoyo de la sociedad. La sociedad civil no está en este momento comprometida con el proceso de justicia y paz, todavía es un territorio de los miembros defensores de derechos humanos;  todavía no se ha expandido a una participación efectiva de sus diversos actores, y eso significa seguir alimentando una frase de los economistas, tristemente célebre, que hay en Colombia que dice: «La economía va bien pero el país va mal». Quizá hay que tratar de revertir a favor de las víctimas esa frase célebre, porque quizá la salud de la economía sea también la economía humana, si los seres humanos que conforman una democracia están maltratados, no podemos mirar con satisfacción el hecho de que una economía marche bien.

Este es un proceso de responsabilidad, que incorpora a todos los miembros de la sociedad, más aún cuando en Colombia estamos hablando de un conflicto armado histórico y prolongado, su valor de transferencia entre generaciones que lo han padecido, está dado por la capacidad que puede adquirir el ciudadano futuro para resolver directamente los conflictos, sin tener que apelar a un aparato judicial y mucho menos a la violencia.  Es el principio de responsabilidad que está detrás de la experiencia de este proceso de Justicia y Paz y que compromete a la sociedad en la consecución de una paz entendida como el disfrute de las garantías y derechos que concede una convivencia en un Estado social de derecho.

 


[1] Artículo 49.6, Ley 975 de 2005

[2] Artículos 45.2, 45.3 y 49.4, Ley 975 de 2005.

[3] “La CNRR tiene una convicción íntima: sin verdad no es posible ni la justicia ni la reparación, ni la reconciliación. De ahí, que la reconstrucción de la verdad, tanto fáctica como histórica, constituirá uno de los ejes centrales del trabajo de la Comisión. Para tal efecto y ateniéndonos al texto de la Ley, es indispensable diferenciar la verdad judicial de la verdad histórica. La primera, constituye una tarea central de las autoridades judiciales, aun cuando la Comisión deberá garantizar la participación activa de las víctimas en el esclarecimiento judicial. A la CNRR le corresponde, fundamentalmente, jalonar la segunda. Una y otra, sin embargo, no pueden excluirse y, por el contrario, deberán alimentarse mutuamente.” CNRR, Hoja de Ruta, febrero de 2006.

 

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