Sergio Roldán Blog
Crear Estrategias Colectivas
CÓMO SE CONSTRUYE LA VERDAD
Categories: Uncategorized

Por Sergio Roldán
1. Qué entendemos por justicia transicional en Colombia
La justicia transicional es un mecanismo democrático aplicado a situaciones sociales en las cuales, como consecuencia de un conflicto armado o de una dictadura, se cometen graves violaciones a los derechos humanos en forma masiva y sistemática. El mecanismo busca la resolución del conflicto mediante la operatividad de dos valores principales: justicia y paz.
Un proceso de justicia transicional involucra a víctimas, victimarios y el conjunto de la sociedad. Se trata de acabar con los hechos de violencia mediante el desarme, desmovilización y reintegración de los victimarios, su procesamiento penal y su colaboración con la justicia, que permita brindar a la víctima el esclarecimiento de los hechos y una reparación integral. Desde el punto de vista de la víctima, se trata de brindarle un espacio institucional que le garantice verdad, justicia y reparación integral.
Saber qué paso, por qué paso, quienes fueron los responsables y cómo evitar que se repita, son derechos cuya satisfacción debe promover el Estado. Se trata también de un proceso de transformación democrática que involucra a toda la sociedad: conocer los hechos atroces cometidos, sus causas y efectos, es un derecho a saber que tiene la sociedad y que le permite construir una memoria histórica que cuente a las futuras generaciones los hechos que pasaron a sus antepasados y que no queremos que se repitan. Saber la verdad, qué paso realmente con las violaciones a los derechos humanos, permite trazar un rumbo en el diseño de medidas efectivas que garanticen la no repetición de los hechos.
La justicia transicional al ponderar y articular los valores de justicia y paz, diseña diversos instrumentos excepcionales dirigidos a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Respecto de la verdad, establece mecanismos judiciales y no judiciales (administrativos) que le permiten construir los relatos de los hechos de violencia. En los términos de la Corte Constitucional “la justicia transicional se ocupa de procesos mediante los cuales se realizan transformaciones radicales a una sociedad, bien sea que ésta se encuentre en conflicto o post conflicto, en la consecución de la paz, sufriendo y enfrentando grandes dilemas originados en la compleja lucha por el equilibrio entre la paz y la justicia. Ello se hace, principalmente, con el propósito de impedir que hechos acaecidos en el marco de un conflicto vuelvan a ocurrir, para lo cual su función se concentra en el conocimiento de la verdad y en la reparación, buscando así dar respuesta a los problemas asociados a un legado de abusos de derechos humanos en un contexto democrático y aplicando medidas, de naturaleza judicial o no judicial, a los responsables de los crímenes.”
La verdad en el proceso de justicia transicional juega un papel primordial en la búsqueda de la paz. Ella misma es conflictiva, porque se debate entre los relatos de las víctimas, los victimarios y los diferentes sectores sociales. La verdad judicial descansa en una ponderación que incorpora la efectividad de la investigación, el relato de la víctima y la colaboración con el esclarecimiento de los hechos que realiza la persona que se somete a la pena alternativa. Esta verdad se construye en un proceso judicial, mediante mecanismos que garantizan la contradicción y el debido proceso. Los relatos son confrontados y verificados por las autoridades judiciales, que brindan a las partes del proceso todas las garantías. La verdad judicial conduce a la justicia y es en sí misma una medida de satisfacción que repara parte del agravio sufrido.
Esta verdad judicial es complementada con otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de los hechos cuyo conjunto permite la construcción de una memoria histórica. En este punto es importante detenerse para recordar, que la justicia transicional es un mecanismo para hacer frente a violaciones masivas como en el caso de Colombia, donde aún el mecanismo de justicia transicional se ve desbordado para investigar más de 300.000 homicidios hasta el momento confesados por los cabecillas paramilitares. Desbordado para atender 600 incidentes de reparación hasta ahora presentados y en donde sólo se ha resuelto 1.
El carácter masivo de las violaciones impide al aparato judicial operar sus procedimientos; esta dificultad supone para la víctima el peligro de denegación de justicia y para el Estado el riesgo de ser condenado en instancias internacionales. Entonces, el Estado para encontrar eficacia debe apelar a mecanismos administrativos que permitan recoger las declaraciones ya no de los cabecillas sino de las personas comandadas en el grupo armado incursas en delitos de concierto para delinquir simple y agravado. Este procedimiento se ha denominado contribución a la verdad y la memoria histórica. Implica que la declaración brindada no contiene los requerimientos de una verdad judicial pero puede contribuir y complementarla cuando el declarante involucra a terceros. Sin embargo, el mecanismo no está exento de riesgos: el interés del victimario de ocultar información; o de brindar información falsa; o la posible afectación a terceros desde el punto de vista de su derecho de defensa.
Tales riesgos pueden contrarrestarse mediante una articulación estrecha del trabajo entre la Fiscalía General de la Nación y el Centro de Memoria Histórica. El ente judicial apoyaría al instrumento administrativo en la verificación y cotejo de lo dicho por los desmovilizados con las declaraciones vertidas hasta el momento en los procesos de justicia y paz por los cabecillas. Por su parte el Centro de Memoria Histórica recogería las voces de las víctimas y de las organizaciones para cotejarlas con las declaraciones, la función principal es de garantizar la efectiva participación de las víctimas en la construcción de la memoria histórica.
Se utiliza entonces dos mecanismos de recolección de la verdad: la verdad judicial y la verdad histórica. La comunicabilidad de sus resultados al conjunto de la sociedad ira configurando una verdad social mayoritaria, compartida e interiorizada por todos, que nos permita transformar ese pasado en la certeza de nunca más en el futuro volverlo a repetir.
2. El mecanismo administrativo de contribución con la verdad y la memoria histórica debería arrojar al menos los siguientes resultados.
• Una declaración completa y verás de la persona que inicia proceso de reintegración.
• Un mecanismo para el cotejo de las declaraciones con la verdad judicial y una revisión de la declaración.
• El apoyo a procesos de representación de las víctimas y la apertura de espacios y procedimientos de participación administrativa en el diseño e implementación de las líneas de acción del Centro de Memoria Histórica.
• La incorporación del relato de las víctimas en las declaraciones vertidas por los desmovilizados.
• La recolección de la información y el relato de las víctimas vertido en el Registro Único de Víctimas.
• Un apoyo efectivo de la Fiscalía General de la Nación y de la Judicatura.
• La detección oportuna de incumplimiento de los compromisos de contribución con la verdad y la memoria histórica.
• La colaboración armónica entre las instituciones del Estado para el cumplimiento de los fines.
• La suficiencia presupuestal para afrontar todas las líneas de acción del Centro de Memoria Histórica.
• El liderazgo y articulación con los entes territoriales que destinan recursos para la financiación de la construcción de la memoria histórica.
• El liderazgo del presidente de la República en el impulso a los productos de la memoria histórica.
• El control efectivo, monitoreo y seguimiento de los organismos de control del Estado sobre los procesos y los recursos asignados.
• La difusión amplia en los niveles nacional y local del proceso de diseño e implementación de los procedimientos de construcción de la memoria histórica.
• La transparencia en todos los procesos.
• La vinculación de la sociedad civil, el sector privado y la academia.
• El impulso a las relaciones internacionales en especial a la Red Latinoamericana de Memoria Histórica.
• La consolidación de una agenda de reparación simbólica y de conmemoraciones.
• El consenso logrado en torno a la verdad social que todos compartimos.
• El efectivo acceso a la información de las víctimas y de toda la sociedad a las declaraciones y cotejos y a todos los procedimientos administrativos llevados a cabo por el Centro de Memoria Histórica.
• Una contribución efectiva con la reconciliación nacional.
3. Como responsable de la aplicación del mecanismo de contribución a la verdad y la memoria histórica implementaría las siguientes líneas de trabajo:
• Una línea de coordinación institucional en el nivel central con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y la Unidad de Atención a Víctimas. En el nivel local dividiría el territorio conforme las divisiones y métodos aplicados por la Fiscalía en el proceso de justicia y paz y agruparía a los alcaldes y gobernadores y nombraría entre ellos un gerente responsable del monitoreo de los compromisos de los entes con la construcción de la memoria histórica.
• Una línea de información institucional y social que acopie y sistematice la información relacionada con los hechos históricos registrados en diversos medios: sistemas de información, archivos de prensa, judiciales, etc.
• Una línea de análisis y cotejo de la información.
• Una línea de participación y de recolección de las voces de las víctimas.
• Una línea de participación de los diversos sectores sociales, y su articulación con el proceso.
• Una línea de difusión del proceso de construcción de la memoria histórica
• Una línea de administración de los archivos históricos y de acceso a la información
Tres versiones básicas se producirán en el proceso de justicia transicional: los resultados de las verdades judicial, histórica y social. La construcción social de los relatos de la barbarie, será sin duda una barrera que tendrá que atravesar la sociedad; entre el secuestro y la desaparición forzada, como crímenes reflectores de una violencia política fundada en opuestas concepciones de concebir la convivencia. El capitalismo y su fase última de neoliberalismo, donde la dignidad humana es sacrificada por la eficiencia y rentabilidad económica. El Estado de bienestar, que concibe la solidaridad como un valor axiológico de la convivencia, y que se resiste a aceptar que la esclavitud del hombre es posible, como posible es morirse en una calle por inanición. Una concepción de la sociedad prefiere ver niños en los semáforos de las calles sacrificando su dignidad; otra concepción de la sociedad cree que viola los derechos humanos, pero además, la violación de derechos pone en peligro la convivencia pacífica. La convivencia se funda en torno al Estado, el cual se constituye en el mecanismo para suplir las necesidades básicas de todos con eficacia, con efectividad.
Las confrontaciones entre dos visiones de sociedad, se llevaron al campo de batalla por más de cincuenta años en Colombia. Es hora de admitir nuestro fracaso como contradictores, es hora de sentar a dialogar las distintas visiones, no sólo la visión de la guerrilla, no sólo la visión del gobierno, no sólo la visión del establecimiento, también debe oírse la visión de la sociedad civil que no se siente representada en dichos actores. Por esta razón, en los acuerdos de paz se plantea la realización de CONSTITUYENTES, cuya conformación pluralista garantiza la representación efectiva de todas las visiones. Dicho escrito que resulta de tales acuerdos, se traduce en un nuevo pacto político, en una nueva Carta Política que nos comprometemos a defender todos los ciudadanos por igual, porque su contenido ha sido fruto de los consensos alcanzados por los diversos actores sociales. La Constituyente es un típico escenario de justicia transicional.

Leave a Reply